En lo que representa un duro revés judicial para la política migratoria y económica de la Casa Blanca, un juez federal de los Estados Unidos anuló la polémica tarifa de 100.000 dólares que el presidente Donald Trump había impuesto a las nuevas visas H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros altamente cualificados.
El fallo concluye de manera tajante que la medida constituía un "impuesto ilegal" que jamás fue autorizado por el Poder Legislativo.
La histórica sentencia fue emitida por el juez de distrito de Boston, Leo Sorokin, según reporte de medios locales.
La decisión responde a una demanda colectiva introducida por 20 fiscales demócratas, quienes impugnaron la tarifa desde que fue anunciada por la administración Trump.
Antes de la aplicación de este polémico decreto, los empleadores estadounidenses que requerían importar mano de obra profesional pagaban aranceles estándar que oscilaban únicamente entre los 1.000 y los 7.000 dólares por trámites de visado.
El impacto en la salud, educación y tecnología
El programa de visas H-1B ofrece un cupo de 65.000 visados anuales por un periodo máximo de seis años, siendo un beneficio altamente cotizado por los gigantes de la industria tecnológica de Silicon Valley.
No obstante, el cobro masivo de los 100.000 dólares no solo afectó a las corporaciones, sino que encendió las alarmas en el Senado debido a que dejó a numerosas zonas rurales de Estados Unidos sin médicos ni profesores especializados, al volverse impagable el patrocinio de los profesionales.
Documentos judiciales revelan que el incremento asfixió las solicitudes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Durante el litigio, la defensa de la Casa Blanca argumentó que la tarifa funcionaba como una especie de "sanción" amparada en las facultades del presidente para restringir la entrada de extranjeros si considera que perjudican los intereses nacionales.
Sin embargo, el juez Sorokin desestimó la tesis basándose en un dictamen previo del Tribunal Supremo de Justicia:
“En este caso, la naturaleza y la aplicación del pago de 100.000 dólares revelan que se trata de un impuesto, independientemente de cómo se denomine”, sentenció el magistrado, recordando que solo el Congreso tiene el mandato constitucional de crear impuestos.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, fijó postura tras el dictamen y adelantó que la administración confía plenamente en que la orden del juez será revocada en los tribunales de apelación mediante recursos legales.
La medida formaba parte del plan maestro de Trump para redefinir el sistema migratorio del país, limitando el ingreso de ciudadanos de países en desarrollo y ordenando auditorías severas bajo el alegato de que las visas H-1B han sido "explotadas deliberadamente" para reemplazar a los trabajadores norteamericanos por mano de obra de menor costo.
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